El Instituto Nacional de Migración (INM) implementa un sistema de videovigilancia masivo con 5,129 cámaras antivandálicas y 776 micrófonos operando 24/7 en estaciones migratorias, estancias provisionales y puntos de internación terrestre en los 32 estados. Con una inversión de 96.8 millones de pesos, el objetivo declarado es recabar evidencias que detecten violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.
Sin embargo, la mayoría de los dispositivos están ubicados en zonas críticas como Chiapas, Tamaulipas, Quintana Roo y Baja California, donde se concentran los flujos migratorios. Chiapas lidera con 23 puntos de vigilancia, mientras Chihuahua tiene 11 instalaciones similares. Aunque el INM asegura que busca transparencia, organizaciones cuestionan la efectividad del monitoreo y temen por posibles abusos de estas herramientas de control.
